Proyecto Impulso emite el siguiente comunicado con el objeto de informarles de las últimas novedades sobre el acto de presentación oficial de nuestra asociación programado para el próximo sábado 14 de Enero en el Centro Urban.
Ante la repentina revocación de la autorización para el uso del Salón de Actos del Centro Urban, comunicamos públicamente que en la mañana de ayer día 12 de Enero presentamos una denuncia contra el Alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, considerando que su actuación puede ser constitutiva de un delito flagrante de prevaricación y discriminación ideológica, ambos tipificados en el Código Penal.
Nuestra asociación solicitó el Salón de Actos del Centro Urban el día 20 de Octubre de 2011, recibiendo autorización el 16 de Noviembre del pasado año. El martes del 9 de Enero, ante las presiones del Ayuntamiento, fuimos convocados por la administración de dicho centro pidiéndonos explicaciones sobre el uso del logo del Ayuntamiento en nuestros carteles publicitarios –justificado por ser una exigencia recogida en el décimo punto de las normas de uso del propio Centro Urban- y sobre la necesidad de aportar más documentación de la que nos habían pedido en un principio, en base a la cual se nos concedió la autorización. Trabas burocráticas no imputables a nuestra actuación que se convirtieron en un problema a raíz de las falsedades y críticas infundadas aparecidas en prensa. El día 11 de Enero se nos remite un correo electrónico de parte de la administración del centro comunicándonos la denegación del permiso.
Paralelamente, el alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, proclamaba en la prensa haber prohibido nuestra presentación, cediendo ante las presiones de IU y el Bloc, y contradiciendo la denegación oficial justificada por un error administrativo.
Expuesto lo anterior, Impulso considera que la denegación de la autorización responde a un móvil político, y puede constituir un delito contra nuestro derecho fundamental a la libertad de expresión. Además, es posible que Alfonso Bataller haya incurrido en otro delito de prevaricación, por haber dictado una resolución arbitraria en un asunto administrativo, a sabiendas de su injusticia, como es constatable por las declaraciones del portavoz del PP en Castellón, Miguel Ángel Mulet, quien recordaba el día 11 de Enero que teníamos derecho a realizar tal actividad en el centro Urban, al estar nuestra asociación legalmente constituida y respetar la legalidad constitucional; declaraciones que desoye la actitud irresponsable del Alcalde.
Ante este atropello a nuestro derecho a la libertad ideológica y de expresión causado por la arbitrariedad con la que ha actuado Bataller, Impulso ha solicitado a la justicia la adopción de medidas cautelares que nos permitan presentar oficialmente nuestra asociación en el Centro Urban, tal y como estaba autorizado antes de que el alcalde castellonense sucumbiera a las presiones mediáticas y protagonizara este grave ataque contra el principio de legalidad y contra nuestros derechos constitucionales.
Proyecto IMPULSO,
13 de Enero de 2012.